A fines de septiembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó nuevamente cifras de pobreza, luego de más de dos años sin datos oficiales. La última divulgación del Informe de Incidencia de Pobreza e Indigencia correspondía al segundo trimestre de 2013 y afirmaba que en Argentina un 5% de la población estaba bajo la línea de la pobreza. Todos recordaremos esta publicación porque, según el INDEC de aquel 2013, Argentina tenía menos pobres que países desarrollados como Alemania.

Actualmente, la situación es distinta: al menos en números. Según las cifras publicadas correspondientes al segundo trimestre de 2016, un 32,2% de la población de nuestro país vive con un ingreso menor al de la línea de la pobreza y un 6,3% de la población es indigente. ¿Podríamos siquiera considerar la opción de que en estos tres años la pobreza haya aumentado de un 5% a un 32%? La respuesta es clara: no. Indudablemente, en estos últimos diez meses la cifra de pobreza aumentó. Si quiere datos precisos sobre esto, puedo recomendarle la fuente de datos el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Sin embargo, es fundamental afirmar que el aumento no fue en el rango de 5% a 32% porque, de hecho, nunca en la historia argentina tuvimos un índice de pobreza ni siquiera cercano al 5%. Lamentablemente, nuestra pobreza siempre fue mayor. Sin embargo, esta columna no estará dedicada a esta triste situación, sino al manejo de los datos públicos.

Los profesionales de ciencias económicas tenemos el deber de visibilizar la falsedad de los datos publicados por INDEC en 2013 y, asimismo, apelar por un organismo de estadísticas independiente del gobierno de turno. Y esto es cierto para cualquier tipo de estadística nacional, en cualquier momento histórico. Del mismo modo que fueron corregidos los índices de pobreza, en estos últimos tiempos se corrigieron otros indicadores de la actividad económica, tales como el índice de inflación, el índice de producción industrial (IPI), etc. Todos en un mismo sentido: estábamos peor de lo que los números reflejaban.

Las estadísticas son vitales para la toma de decisiones referidas a políticas públicas e, incluso, para decisiones individuales de distintos actores de la economía (empresas, trabajadores, consumidores, organismos de control, etc.). Por consiguiente, la falta de estadísticas y la falsedad en los datos tienen efectos negativos sobre el desempeño económico y social del país.

 En primer lugar, porque genera una situación de falta de credibilidad, la cual repercute en las oportunidades de inversión y el acceso a programas internacionales, por ejemplo. En segundo lugar, porque propicia un contexto de incertidumbre, que afecta las decisiones económicas optimas de los distintos participantes de la economía, generando distorsiones en precios, tasas de interés, etc. En tercer lugar, porque no permite que los investigadores especializados en economía desarrollen sus tareas y eso, sin dudas, repercute en la planificación económica. Por último y, a mi entender, más importante, porque viola el derecho a la información pública. Y cuando de derechos se trata, todos debemos involucrarnos en su efectivo cumplimiento.