Por Daniel Blanco para Política Obrera: 

El lunes 6, Manzur por medio de un decreto suspendió por 180 días la cláusula gatillo, eliminando también el tercer tramo 2019 de esta cláusula de actualización salarial (setiembre a diciembre). Esto significa que el gobierno impone una rebaja salarial del 12% a los salarios de todos los empleados públicos de la provincia. Manzur también ha anunciado que la provincia no va a pagar ningún bono ni adelanto a cuenta de las paritarias.

Como si esto fuera poco, los sueldos se están pagando en forma cada vez más atrasada, llegando en el caso de la docencia a hacerlo el 14 de cada mes, sin ninguna compensación. Son los trabajadores los que cargan con el pago de intereses por el atraso del pago de las tarjetas, las tarifas o los alquileres. En paralelo, varios municipios y comunas han comenzado a dar de baja al personal contratado.

Varios funcionarios del gobierno manzurista han planteado que en las próximas discusiones paritarias con los estatales se va a poner en cuestión la vigencia de la cláusula gatillo, un recurso de actualización salarial que permitió durante los últimos tres años mantener una suerte de “paz social” con los trabajadores estatales y la docencia.

El derrumbe de las cuentas publica se ha acelerado al compás de la profundización de la crisis general del país. Los fondos coparticipables han caído a la par que diversos subsidios que eran otorgados por el gobierno nacional, (empresas del transporte o a las transportadoras de electricidad, etc.) fueron transferidos en gran medida a las provincias.

En octubre del año pasado, Manzur pidió un préstamo de 3.000 millones de pesos para poder completar el pago de los salarios de noviembre y diciembre, y luego otro préstamo de 500 millones para atender el pago del aguinaldo. En ese momento, se conoció que el gobierno estaba retrasando el pago a los proveedores del estado, por lo cual se decidió prorrogar la ley de emergencia económica que entre otras cosas impide que los juicios favorables a los proveedores permitan embargar los fondos del estado.

Ahora, el gobierno provincial ha tenido que recurrir a un adelanto del gobierno nacional a cuenta de la coparticipación por 1.000 millones de pesos para completar el pago salarial de diciembre.

La reacción de los sindicatos y los trabajadores

Desde el gobierno sostienen que todas estas medidas se podrá lograr el equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, los trabajadores lo que ven es que en lugar de poner dinero en el bolsillo popular, aquí, lisa y llanamente se ha procedido a confiscar una actualización salarial pactada con el gobierno, y la pretensión de usar los salarios como variable de ajuste de las cuentas públicas.

El repudio es generalizado. A pesar de que el gobierno lanzó el ajustazo en enero, cuando no hay clases y la mayoría de los estatales se encuentran de vacaciones, la mayoría de los sindicatos que agrupan a los empleados públicos y la docencia se han visto obligado a pronunciarse repudiando las medidas.

Algunos como la Unión Docente de Tucumán (UDT), han decidido convocar a plenario de delegados para este miércoles. Otros, como el Frente de Gremial Docentes (ATEP, APEM, AMET) y el Frente de Gremios Estatales (liderado por una fracción opuesta al sector alineado con Cachorro Godoy) han decidido convocar a plenario de dirigentes para el jueves.

En el caso del SITAS, que agrupa al personal de la salud, ha convocado a una marcha para el miércoles 8, a las 20 hs, y a un paro provincial de la salud de brazos caídos (o sea con concurrencia) para el jueves 9.

De manera más decidida, otros sectores han realizado una autoconvocatoria para este mismo martes, que ha reunido a 500 trabajadores, en su mayoría docentes, que la transformaron en una asamblea general donde se resolvió mantener las autoconvocatorias, organizar el no inicio de las clases, y reclamar a los sindicatos una asamblea general para decidir de conjunto. A la cabeza de este proceso se encuentra Tribuna Docente (T). Esto recién comienza. Desde el Partido Obrero (Tendencia), planteamos la necesidad de una lucha unitaria, de conjunto de todos los estatales de la provincia, los municipios y comunas.

Para ello es necesario un congreso de delegados de base electos en asambleas en los lugares de trabajo, que voten un pliego unitario: reposición de la cláusula gatillo, pago del bono, pago en tiempo y forma de los salarios, pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados en todas sus formas. Y junto a ello, un paro provincial que sea el punto de partida de un plan de lucha hacia la huelga general.