Opinión

CALUMNIAS E INJURIAS

MARTES 16 DE ABRIL DE 2019 · 18:51 HS

Luciano Angulo Abogado

Recientemente por el díario local “La Gaceta” salio publicado el día 14/04/2019, bajo el titulo “La libertad de expresión prevalece en un caso iniciado por un ex funcionario”  la resolución de una causa en donde un ex funcionario reclamaba daños y perjuicios porque el periodico le atribuía conductas que en realidad había realizado su hermano, quien era en ese momento funcionario publico. En este caso la demanda luego de años de tramites y apelaciones fue desestimada y por ende el periodico local no tuvo que responder económicamente.

En este artículo sin embargo, no nos interesa profundizar sobre el caso particular, sino en uno de los fundamentos que tuvo en cuenta la Justicia de Tucumán para desestimar la Responsabilidad Civil del diario, el cual es la “doctrina de la real malicia”, que es la que se usa como parametro para resolver el conflicto entre el “derecho al honor” con el “derecho a la libertad de prensa” y “ el derecho a la libertad de expresión”.

Para empezar definimos Doctrina como Conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político; pero especificamente en el caso de la Doctrina Jurídica se hace referencia a reflexiones y estudios sobre la ley y su aplicación, realizada por estudiosos del derecho.

Definida sucintamente doctrina, la pregunta que queda es:  ¿cual es la doctrina de la real malicia?. Basicamente la doctrina de la real malicia surge del derecho Anglosajon, más precisamente de los EEUU, donde en el caso “New York Times Vs Sullivan” de año 1964 se sienta un parametro diferenciado con respecto a las calumnias e injurias.

Deberiamos definir en este punto injuria y calumnia, la injuria se define por nuestro Código Penal como la acción intencional de deshonrar o desacreditar a una persona física determinada; en cambio la calumnia sería la falsa imputación de un delito concreto.

Muy bien habiendo definido las calumnas e injurias, podemos decir en forma extremadamente resumida y en lenguaje coloquial, que esta doctrina establece un parametro diferenciado cuando la afirmación falsa o atribución de un delito es realizado por un medio de prensa y el sujeto destinatario es un funcionario publico.

Los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados fallos y la Corte Suprema de la Provincia, sin perjuicio de situación o hechos particulares es coincidente, y es la aplicación de esta doctrina. La cual establece que tratandose de funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones de esa índole, cuando la noticia tuviera expresiones falsas o inexactas, los que se consideran afectados y reclamen por ello una indemnización civil en sede judicial deben demostrar: A) que quien emitió la expresión o imputación conocía la falsedad de la noticia; o B) que obró con notoria despreocupación por su veracidad. La real malicia aparece así como un estándar de responsabilidad subjetiva derivado directamente del artículo 14 de la Constitución, que pone la carga de la prueba en cabeza del funcionario que demanda la reparación.

Esto tiene una importancia trascendente ya que si se sometiera a la persecusión penal a un medio de prensa por cada expresión donde un funcionario se viera afectado en su honor, con la notable imprecisión que el caso presenta, la libertad de prensa se vería notablemente afectada. Es por eso que se requiere la demostración de que el medio de prensa conocia la falsedad o actuo despreocupadamente, sin interes en corroborar la noticia, de una forma que se le pueda atribuir culpa grave. 

De una u otra manera es receptada esta teoría en los arts. 109 y 110 del Código Penal, en donde no solo se elimino la pena de prisión, sino que se establecio como eximente cuando la afirmación o  atribución de un delito sea sobre un asunto de interés público y en el caso de la calumnia cuando haya sido expresado en forma potencial.

Lo expresado no agota la basta jurisprudencia sobre el tema y las decisiones tomadas por los tribunales, pero sirve para tener un poco de idea de la complejidad jurídica cuando se ven enfrentados dos derechos de rango constitucional y se tiene que resguardar el honor de un funcionario publico, sin que ello afecte la libertad de expresión y de prensa que son pilares fundamentales de cualquier sistema democratico.

Dr. Luciano Angulo

Abogado MPT 9148

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