La propuesta del Senado establece la emergencia pública laboral en todo el país por 180 días. Durante ese plazo, se prohibirían los despidos y las suspensiones de trabajadores, tanto en el sector público como en el privado. Si la ley se aprueba, los trabajadores tendrían la potestad de optar entre el reingreso al puesto laboral o una doble indemnización, si acepta el despido. Con esta iniciativa, se busca frenar, mediante el uso de la ley, la ola de despidos que nuestro país experimenta desde hace algunos meses. Al igual que ocurrió con la Ley de la Convertibilidad en los años ´90, se trata de una limitación legal al funcionamiento de un mercado (en este caso, del mercado laboral) y, con ella, es predecible que los distintos actores de la economía accionen de acuerdo a los incentivos que esta ley genera, al igual que ocurrió en los tiempos del us$1 a $1.  Usando la bola de cristal que los economistas creemos tener, podemos analizar cuáles serán las posibles consecuencias que esto traerá. En primer lugar, si el costo que el empresario tendrá por despedir a un trabajador (es decir, la doble indemnización) es lo suficientemente alto, es esperable que los despidos disminuyan. Si esta fuera la única consecuencia de la ley, la discusión no tendría sentido: la evaluaríamos de forma positiva, sin lugar a dudas. El problema es que esto no ocurrirá.  También es necesario tener en cuenta que esta ley generará un mayor costo de supervivencia para las empresas que están atravesando una situación económica difícil, producto del deterioro de la economía en general, de la actividad que llevan a cabo en particular y de la capacidad de subsistencia propia de la empresa. El énfasis de alguno de los detractores de la ley en debate, está justamente enfocado en este último punto: las empresas con menor capacidad de subsistencia son, en general, las más pequeñas (las Pymes), que ocupan un rol muy importante en el crecimiento de la actividad productiva del país y la consecuente generación de empleos; si tienen los incentivos y ayudas necesarias para empezar sus actividades. Es posible que una ley como esta, tenga una fuerte repercusión en las finanzas de las Pymes, tornándolas insostenibles e incluso llevándolas a la quiebra, caso que complicaría el panorama económico.  Por otra parte, es fundamental aclarar que cualquier impacto que esta ley tenga en el mercado laboral será transitorio y forzado. Si nuestro objetivo es la estabilidad de los puestos laborales y la generación de nuevos empleos, entonces una ley no es la solución. A mi criterio, lo esencial es enfocarse en estabilizar la economía del país y concebir el clima necesario para captar nuevas inversiones, que generen nuevas actividades productivas y tornen rentables las ya existentes.